La Cámara de Diputados de la Nación se disponía a sancionar anoche la ley de presupuesto mínimo para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, que por su posible incidencia en el interior del país desató la reacción de algunas provincias. Ya son tres las gobernaciones que se anticiparon y sancionaron sus propias leyes para la preservación de las masas de hielo, que podrían poner en peligro el avance de actividades productivas como la minería, y coinciden en asignar a las autoridades provinciales el poder de control de forma exclusiva.
Ayer, horas antes de que comience el debate en el Congreso de la Nación, la Legislatura de San Juan apuró la aprobación -por unanimidad- de un proyecto que impulsó el gobernador José Luis Gioja, y se anotó en la lista tras sus pares deJujuy, Walter Barrionuevo, y de La Rioja, Luis Beder Herrera, que tomaron la iniciativa y promovieron la sanción la semana pasada de sus propias leyes.
Desde su inicio, el debate nacional sobre una regulación para la protección de los glaciares provocó que los gobiernos de los distritos cordilleranos se junten para consensuar de algún modo medidas que preserven bajo su órbita el control de las actividades productivas -en especial, la minería-, que podrían ser condicionadas con una nueva ley que limite el avance sobre las masas de hielo.
Con esa motivación, las gobernaciones de Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén definieron una estrategia conjunta que quedó plasmada el martes 6 de este mes con la firma de una declaración por la cual se comprometieron a impulsar en sus respectivas legislaturas leyes provinciales de protección a los glaciares.
El principal fundamento que llevó al acuerdo a las provincias andinas se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que «todos los Recursos Naturales incluidos los glaciares son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren».
Por caso, la norma aprobada en San Juan permite en zona de glaciares todas las actividades que se sujeten al «procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a la normativa vigente».
Asimismo, la ley crea el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares integrado por distintas áreas de Gobierno, incluidas las de Minería y Medio Ambiente y una representación de la legislativa a través de diputados de cada una de las fuerzas políticas que integran la Cámara, y también crea un Inventario Provincial de Glaciares. Ese último punto está avanzado y en manos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Cuyo.
El martes pasado, los científicos de la casa de estudios que tienen asignada la tarea presentaron el resultado de un relevamiento preliminar y señalaron que San Juan tiene más de «30.000 hectáreas de glaciares superficiales -masas de hielo visibles-, distribuidos en unos 1227 glaciares descubiertos superiores a una hectárea, aunque se identificaron 1780 cuerpos de hielo descubierto».
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