Ibarra se defiende: “Actúan como dueños de empresas”
Mauricio Ibarra se defendió de las críticas del oficialismo, aduciendo que "algunos actúan como si fueran gerentes o patrones de empresas" que están en la cordillera.
San Juan, 15 de julio.- “Dicen que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, graficó Ibarra, sin profundizar sobre la humorada. “Lo que hicimos anoche fue colocar a la minería en el lugar de la minería, y al agua en el lugar del agua”, sentenció el ex giojista. “Este es nuestro recurso, nuestra agua viene de la cordillera, no de precipitaciones, y hay que cuidarla”, agregó. |
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“Este era un debate ineludible, impostergable para los soñadores que imaginamos un San Juan mejor y en el futuro”, consideró. Daniel Tomas, días pasados, se mostró convencido de que este proyecto atenta contra la autonomía de las provincias y pondría un freno a la actividad industrial, afectando incluso a proyectos como el corredor bioceánico, que incluye obras como el túnel de Agua Negra y la ruta 150. “Daniel tiene que bajar un cambio. Aún hay que realizar estudios, seguir inventariando glaciares, ver como cuidamos nuestros recursos acuíferos de alta montaña y analizar qué y cómo produciremos. Donde no se afecte el agua se podrá desarrollar la minería y cualquier otra actividad”, apuntó Ibarra.
“Siempre que se legisla sobre algún terma sensible hay intereses afectados y gente que no está de acuerdo. Cuando se regularon los presupuestos mínimos por la ley de bosques, la industria maderera también manifestó descontento. Pero bueno, es así. Acá hay gente que se comporta como si fueran dueños o gerentes de empresas de la cordillera”, disparó, polémico, el ex intendente de Rawson.
Ibarra calificó a la sanción de la ley provincial sobre defensa de los glaciares como una “prepoteada”. Alegó que “sabiendo que había un acuerdo a nivel nacional, se debía haber esperado para ese trámite, y no sacarlo así, de prepo”. Ayer, desde Buenos Aires, Wbaldino Acosta, quien trabaja con el legislador nacional, deslizó que la ley había sido un acuerdo entre el oficialismo y el basualdismo para el reparto de cargos en el nuevo ente de control. “Ahora habrá que estudiar y reacomodar la ley de la provincia, para que no entre en conflicto con la ley nacional, que tiene mayor jerarquía constitucional”, concluyó.
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