Aún en un ministerio tan silencioso como el que todavía conduce Carlos Fernández pueden surgir fuertes suspicacias como las que rodean al convenio tributario que el Gobierno firmó con Chile para otorgar más beneficios impositivos a la minera Barrick Gold en San Juan.
La primera y más obvia duda es por qué no se da a conocer el tratado, cuando se trata de un acuerdo binacional que hasta debería contar con el visto bueno de ambos congresos, según la interpretación de varios tributaristas.
La segunda es por qué un funcionario de tanta experiencia como el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, que ya cumplió funciones con el ministro Cavallo dos veces en Economía, desatendió la tajante opinión de sus técnicos, que en varias oportunidades le sugirieron no suscribirlo. Y ello generó que algunos de sus subordinados decidieran dar un paso al costado.
Otros hechos alimentan las dudas en torno de este caso:
- El Congreso votó en forma unánime una ley para proteger a los glaciares que generó quejas en San Juan porque presuntamente perjudicaba los planes de la Barrick para desarrollar el emprendimiento binacional de Pascua Lama; la presidenta vetó esa ley pese a que todo el bloque oficialista había votado en su favor y luego, cuando la oposición quiso insistir con el trámite, cambió rápidamente su voto. Por esta razón, un juez federal coteja en estos momentos los discursos de los legisladores en las dos votaciones para saber por qué modificaron tan sorpresivamente su opinión.
- Antes de renunciar, la entonces secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti le aseguró al diputado nacional Miguel Bonasso en una reunión privada que el Gobierno había recibido presiones para vetar esa ley de protección ambiental. Algunas miradas apuntan al área de Minería.
- Hay dudas en torno de la relación de los Gioja con Barrick. El gobernador José Luis y su hermano César, senador nacional, pusieron mucho énfasis en defender esta iniciativa porque "beneficia a la provincia con empleos e inversiones". Sin embargo, otros empresarios, ligados al agro y la vitivinicultura, afirman: "Los beneficios provinciales para nosotros son menores que los que recibe la minería pese a que nosotros empleamos a unas 40.000 personas", una cifra nada despreciable.
- El senador Gioja ha sido acusado ante la Justicia federal por Bonasso por incompatibilidad de funciones porque preside la comisión de minería de la cámara alta, pero también una firma que es proveedora de materiales para las empresas mineras.
- Existe una sórdida disputa por las regalías que debería pagar esta minera en San Juan. Al parecer un director de minería opinó en un dictamen que la empresa debía pagar el doble de las regalías que las que la empresa afirmaba que tenía que pagar y logró el aval del tribunal de cuentas de la provincia para que así fuera. Hasta que el gobernador José Luis Gioja, un hombre con grandes cualidades para llevarse bien con el presidente de turno, desplazó a ese funcionario y le advirtió al tribunal administrativo que no opinara sobre las cosas que, según él, no le competen.
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