Adalberto Trotta / PLAZA DE MAYO.COM | 30-5-2011
“Debemos enfocarnos en la protección del ambiente, que es nuestro gran deber con las generaciones futuras”, dijo ante decenas de jueces y periodistas el 22 de febrero de este año en el cuarto piso del Palacio de Justicia el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar el “año judicial”, es decir la agenda del máximo tribunal para 2011.
¿Tendrá para la Corte la cuestión minera la misma prioridad que ya lograron en ella el eternamente contaminado Riachuelo porteño o la tala de bosques en Salta? Hay quienes creen que sí y que un fallo al respecto podría esperarse para los próximos meses. Esta semana hubo otra señal de parte del mismo juez. “El modelo de desarrollo se lleva por delante al planeta. Estamos ante una opción trágica: desarrollo o medio ambiente”, expresó Lorenzetti.
“Si la Corte fuera consecuente con lo que dijo hace dos años sobre la Ley de Bosques y su aplicación en Salta, ahora debería frenar todos los emprendimientos mineros en San Juan, o al menos el de Pacua-Lama, hasta tanto se realice el estudio dispuesto por la Ley de Glaciares”, razonó ante plazademayo.com un abogado involucrado en las cuestiones ambientales y que prefirió mantener su nombre en reserva para no entorpecer su relación con el máximo tribunal.
Traducido: la Corte frenó la tala de bosques en Salta por la falta de un informe sobre el impacto ambiental previsto en la Ley de Bosques. Ahora se le pide que frene las explosiones provocadas por las compañías mineras en la Cordillera, por la ausencia de un informe que diga si las mismas afectan los glaciares. Siguiendo ese razonamiento, la Corte debería parar la industria minera en San Juan (o al menos para Pascua-Lama) hasta que sea elaborado el informe previsto en la Ley de Glaciares. Ese fue el criterio aplicado con la tala de árboles en Salta. Hay indicios que señalan que la Corte irá por ese mismo camino.
La demanda
Sagrado último recurso judicial, la Corte tiene en estudio un planteo ambiental que debería funcionar como caso testigo: se trata de una de las tantas demandas contra la minería a cielo abierto, más específicamente contra la firma canadiense Barrick Gold, que explota la mina Veladero y va camino a hacer lo propio en la aún en construcción Pascua Lama –o Lama Pascua, como prefieren llamarla del lado argentino-, un multimillonario emprendimiento binacional con Chile. Si el máximo tribunal llegara a hacer honor a su reciente historia y jurisprudencia, podría darle más tranquilidad a los sanjuaninos y habitantes de al menos otras cinco provincias argentinas.
La demanda para frenar Pascua-Lama fue entablada directamente ante la Corte por Ricardo Vargas, un ciudadano sanjuanino. Está dirigida contra Barrick Exploraciones Argentinas Sociedad Anónima (BEASA) y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA), subsidiarias ambas de la firma madre, la canadiense Barrick Gold.
La novedad es que en los últimos días se sumaron a ese reclamo cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que también están en contra de la minería “a cielo abierto” que deja el cianuro “a la buena de Dios” y al alcance de las aguas que luego consumirán los habitantes de esas provincias.
Una de esas ONGs es Greenpeace. La cuestión minera y específicamente la Barrick y Pascua-Lama son hoy el principal objetivo de esa organización en la Argentina, según se observa en su página web (www.greenpeace.org.ar). Las otras cuatro ONGs que apoyan el reclamo son la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Diálogos por el Ambiente y la filial argentina de la ONG española Amigos de la Tierra.
¿Qué piden el demandante Vargas y su abogado, el ex diputado provincial Diego Seguí, junto a las ONGs que se sumaron a la demanda que hoy está a estudio de la Corte? La la suspensión de la obra hasta que sea de plena vigencia la aplicación la llamada Ley de Glaciares, lo cual incluye un relevamiento sobre las congeladas aguas en peligro.
De acuerdo con la demanda, el proyecto Pascua-Lama viola la prohibición establecida en el artículo 6 de la ley 26.639, ya que desarrollaría su actividad sobre glaciares y ambiente periglaciar.
La ley, sancionada tras un polémico veto presidencial, está frenada en sus artículos clave en la provincia de San Juan por orden del juez federal Miguel Angel Gálvez a pedido de la Cámara de empresas mineras que operan en la provincia, el propio Gobierno local y hasta el sindicato de trabajadores del sector. Ya se dijo en plazademayo.com, a propósito del plebiscito que aprobó la posibilidad de la re-reelección del gobernador José Luis Gioja: la industria minera es fundamental para explicar el crecimiento económico sanjuanino, muy por encima de la media nacional.
El antecedente
El tema es que hace poco más de dos años, el 26 de marzo de 2009, la Corte frenó el desmonte y la tala de árboles en cuatro departamentos de la provincia de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) bajo el argumento de la ausencia de un informe de impacto ambiental, algo parecido a lo que se pide ahora respecto de la minería en San Juan.
El relevamiento reclamado ahora consiste en identificar los glaciares o “periglaciares” que podrían ser afectados por la industria del oro, un multimillonario negocio que en el caso de Veladero consume diez toneladas diarias de explosivos para volar montañas y diez mil litros diarios de agua extraídos de los ríos subterráneos alimentados por los glaciares para limpiar con cianuro las rocas que luego se transforman en el vil metal exportado a Suiza a modo de lingotes.
En marzo de 2009, a pedido de representantes de la comunidad indígena wichi, el máximo tribunal de la Nación rechazó un planteo de la provincia de Salta y la conminó a realizar el estudio de impacto ambiental. La decisión de la Corte fue que mientras ese estudio estuviera en ejecución, mientras tanto, la Provincia estaba obligada a “suspender todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución” en esos cuatro departamentos. La provincia no tuvo otra opción que obedecer y cinco meses después –tenía tres de plazo- presentó el estudio ante los jueces en el expediente “Dino Salas y otros c/Salta, provincia y Estado Nacional”. Entre medio, sancionó dos leyes al respecto.
Los desmontes denunciados por los wichí ante la Corte habían sido autorizados en su mayoría en el último trimestre de 2007, cuando era inminente la sanción de la Ley de Bosques y llegaba a su fin el tercer gobierno del luego senador Juan Carlos Romero, identificado con el menemismo y el ala derecha del peronismo. Desde entonces la provincia es gobernada por el recientemente reelecto Juan Manuel Urtubey, quien debió lidiar con este problema heredado y está más cercano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora se da una situación parecida respecto de la industria minera con el gobierno sanjuanino de José Luis Gioja, quien, a diferencia de Romero, está identificado con el kirchnerismo y el ala izquierda del Partido Justicialista (PJ). Gioja quiere ir por un tercer período consecutivo de gobierno y enmendó de mala manera la Constitución provincial para lograr volver a postularse. Muchos atribuyen ese afán al negocio minero que él impulsó desde su llegada al poder, en 2003. Su antecesor, Alfredo Avelín, de Cruzada Renovadora (un partido identificado con la derecha), se había pronunciado contra la industria minera –tal como está planteada hoy en la Argentina- y fue destituido. Su hijo y él mismo son hoy aliados de Fernando “Pino” Solanas, un defensor del medio ambiente que amenaza meter cuña entre los grandes partidos.
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